A fines de 1917, en una Asamblea de representantes nacionalistas en las Corporaciones locales vizcaínas, el concejal de Bilbao, Fernando Batarrita, planteó por vez primera la creación de una Caja de Ahorros Vizcaína. El 29 de septiembre de 1919, Jesús Rodríguez Villachica y Ramón de la Sota y Aburto presentaron a la Diputación vizcaína una moción en la que proponían la creación de una Caja de Ahorros Provincial, haciéndose eco de la propuesta nacionalista de dos años antes.

El objetivo inicial de esta Caja fue responder al establecimiento del Seguro de Vejez, en 1920. Pero además, la Caja también sirvió como elemento de financiación de la propia Diputación, que como promotora y fundadora, disponía de sus capitales para ampliar su propia política de beneficencia y otras más distantes de ella como veremos. De hecho, en sus primeros años de funcionamiento su obra social se encontraba entremezclada con la política de beneficencia de la Corporación provincial.

Tras los trámites pertinentes, fue aprobada por la Diputación su creación el 31 de marzo de 1920, con lo que comenzó su puesta en marcha.

Se inspiró en el modelo vigente en la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, entidad de la que procedía, además, el consejero–delegado, Aniceto Dúo. Tras su dimisión en 1922 José Gainzaráin fue nombrado director, rigiendo los destinos de la entidad hasta 1937, en que fue depurado.

Su sustituto fue Francisco Greño Pozurama, nombrado subdirector interino a finales de julio y, desde marzo de 1938, Director General, cargo en que estuvo hasta 1971. Fue Rafael Barbier desde entonces el encargado de iniciar el proceso de transformación de la Caja en una entidad financiera moderna y plenamente equiparable a los bancos, de informatizar su gestión así como de reorganizar su estructura administrativa y su plantilla, proceso que culminará en las reformas llevadas a cabo en la estructura y organización de la entidad a principios de los años ochenta.

La Caja de Ahorros Vizcaína tuvo evidente éxito, siendo muy activa en su obra social en la financiación de casas baratas en los años veinte y treinta. Además de las libretas de ahorro, mantuvo como producto estrella la imposición a plazo. Por el lado de los costes le supuso un gran ahorro aprovechar la red de cuarteles y al propio personal de los Miñones de Vizcaya (la policía provincial) para gestionar las oficinas que desde bien pronto comenzó a extender por la provincia.

Su expansión vino de la mano de la ampliación de oficinas, desde los años veinte –en muchos casos los puestos de miñones– y sobre todo desde los años cuarenta y una publicidad muy inteligente. La Ley de Ordenación bancaria de 1921, estableció una separación radical entre los bancos y las cajas, que perduró hasta 1977. Las cajas eran calificadas como “instituciones de ahorro popular”, con unas funciones financieras muy limitadas en comparación a la banca privada, y sometidas a la tutela del gobierno. El Estado, sobre todo desde 1962, impuso crecientes obligaciones a las Cajas para que destinaran recursos a la adquisición de deuda pública del Estado y a sus obras sociales.

No fue hasta la Ley de 1977 en que prácticamente se igualaron las funciones de las cajas con los bancos, lo que supuso un aumento de la cuota de marcado de las cajas en un marco de creciente competencia. Durante el decenio de 1970 lo más destacable fue el aumento del número de sucursales y de la plantilla, así como la mecanización e informatización progresiva de la operatoria de la entidad.

Su sede original estuvo en el Palacio Provincial, pero en 1926 se trasladó al edificio que fue del Crédito de la Unión Minera, en la plaza Circular. Muestra de su modernización fue la inauguración del nuevo edificio social de la entidad en Gran Vía 30-32, en 1984.

La democracia y la creciente competencia en el sector hizo que se modificasen las normas de funcionamiento de las cajas, separando el puesto del presidente de la Caja del de la Diputación, de forma que José María Makua fue el último Diputado General que fue presidente de la Caja de Ahorros Vizcaína, y ya en los ochenta, además de profesionalizarse aún más la gestión, se comenzó a estudiar en serio la fusión con la Caja de Ahorros Municipal.

Las dos Cajas de Ahorros de Bizkaia lideraron ese proceso de fusión constituyendo a principios de 1990 Bilbao Bizkaia Kutxa, que así fue la primera entidad financiera de la provincia, la tercera Caja de Ahorros y la décima entidad financiera de España (por recursos ajenos a 31 de diciembre de 1990).