El banco, formado por importantes propietarios mineros e intermediarios de mineral del momento, desde el comienzo vinculó sus negocios a este sector por lo que se convirtió en apoyo financiero para las actividades mineras de sus promotores. Su capital inicial se escrituró en 20 millones de pesetas del que sólo se desembolsó inicialmente uno. El Crédito de la Unión Minera, para hacerse un hueco en el mercado, inició una política comercial agresiva, abonando un interés del 2% en cuentas corrientes a la vista, que el Banco de Bilbao no remuneraba, o el 4% en libretas cuando los demás sólo llegaban al 3%.
Muestra del éxito del Crédito fue que para 1902 ya reportó un dividendo del 8%, repartiendo como media, entre 1906 y 1913, uno del 13%, llegando a cotizar sus acciones, en 1911 al 450%. Tras su primera suspensión de pagos (1914-1915), sus acciones no hicieron más que subir en la Bolsa de Bilbao: en 1915 un 28%, en 1916 un 120%, en 1917 un 210% y en 1918 un 310%.
Tras los grandes beneficios que los bancos tuvieron durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los bancos especulativos o los que habían llevado una política más aventurera pasaron por dificultades. El 11 de febrero de 1925 el Crédito de la Unión Minera suspendió pagos. Las causas fueron varias: la especulación desordenaba en bolsa con los recursos adquiridos en depósitos a plazo, la pignoración de acciones depositadas en el Banco y los propios problemas del sector minero del momento. De hecho, el banco estuvo durante años falseando su contabilidad dando beneficios ficticios. Pronto salió a la luz el hecho de que los consejeros habían dispuesto, de forma no muy clara, de unos 55 millones de pesetas. Las medidas judiciales no se hicieron esperar; un Juez instructor abrió diligencias de inmediato y se nombró un nuevo Consejo de Administración.
El día 23 de febrero se manifestó la crudeza de la situación cuando Manuel Aranaz Castellanos, agente de cambio y bolsa además de notorio autor costumbrista local, fue por el camino de Rekalde y se pegó un tiro.
Las “fuerzas vivas” de la Bilbao se pusieron en marcha para que el caso no afectara al prestigio de la plaza. La cuestión que se le planteaba a la Diputación Provincial –la primera institución a la que se recurrió– era que, si había de aportar recursos, el año siguiente habría de negociar la renovación del Concierto Económico, y pagar un nuevo y crecido cupo. Ante esta incógnita, era difícil adivinar la capacidad de gasto de la Corporación. El republicano Horacio Echevarrieta –uno de los principales acreedores del banco– fue el encargado de efectuar un discreto contacto con el Directorio. El Gobierno estuvo de acuerdo en que la Diputación tomara cartas en el asunto, de hecho puso esta intervención como condición para renovar el Concierto.
En marzo de 1926 se alcanzó un convenio con los acreedores. Para la materialización del convenio se constituyó una Comisión Liquidadora. Casi un año y medio después de la suspensión de pagos, esta Comisión devolvió el 54% de los saldos a los ahorradores. Tras sucesivos repartos tras aquél primero de 1926 (1934, 1936, 1941 y 1942) con carácter definitivo acabó su actividad en 1942. Para esta fecha se había liquidado la mayor parte del activo y pagadas las deudas. El saldo pendiente de la Comisión Liquidadora alcanzaba los 30.923.908 pts. aunque sólo tenía para repartir 465.576. Antes de cesar, la Comisión Liquidadora decidió adjudicar en comisión el residuo de activo a cuatro adjudicatarios con la misión de que con este resto pagaran las deudas pendientes. Tras efectuar diversos repartos (1960, 1969, 1972) la Comisión Adjudicataria acordó uno último en 1986 de 17 millones de pts., de los que sólo se hicieron efectivos 3,5, quedando por lo tanto un remanente de casi 13,5 millones.
El último Adjudicatario, D. José Luis Romeo Amantegui, comunicó en 2001 a la Diputación Foral de Bizkaia todos los antecedentes del caso, y su idea de que era a ella, en cumplimiento del acuerdo de acreedores de 1926 y una vez prescritos los derechos de los acreedores, a quien correspondía cobrar los saldos. En octubre de 2001 el Sr. Romeo entregó al Diputado de Hacienda de Bizkaia, Javier Urizarbarrena, el saldo resultante de la liquidación del Crédito de la Unión Minera como reintegro del anticipo de 60 millones de 1926. El 24 de enero de 2002, falleció el Sr. Romeo una vez culminado el encargo recibido casi 40 años antes.
Eduardo J. Alonso Olea