Proyecto diseñado por el alcalde nacionalista Mario de Arana ante el problema de la vivienda. Proponía que el ayuntamiento tomase a su cargo la empresa de construir viviendas baratas contando con la ayuda de entidades y particulares y emitiendo un empréstito especial, destinado a ese fin.

En el mes de Agosto de 1918 fue cuando se presentó el proyecto Los estatutos para el régimen y gobierno de la institución Casas Baratas de Bilbao ante el pleno municipal. Su objetivo proveer de habitaciones higiénicas y baratas a las clases más necesitadas. La junta estaba compuesta por dos concejales, un representante de la asociación de arquitectos de Bizkaia, otro de la Academia de las Ciencias Médicas, uno de la Asociación General de Empleados de Oficina de Bizkaia y dos vocales de las asociaciones obreras locales.

Este nuevo organismo estaba facultado para comprar suelo e inmuebles, construir viviendas o adquirir otras ya construidas para sanearlas y reutilizarlas, edificar en terrenos cedidos por particulares por un tiempo limitado y erigir edificios para cubrir demanda de servicios sociales de los habitantes de las nuevas promociones. También podía vender o permutar sus propiedades o hipotecarlas en caso de necesitarlo para su financiación.

Su dotación económica fue de 2.500.000 pesetas del empréstito para viviendas del ayuntamiento de Bilbao, además se le entregaban tres solares en Solokoetxe y se le cedían todos los donativos o subvenciones que llegaran para la construcción de viviendas obreras así como las ventajas económicas de la Ley de Casas Baratas.

Las tipologías constructivas iban desde las viviendas unifamiliares del extrarradio como las viviendas en bloques del Ensanche. La situación, condiciones y valor del suelo decidirían el modelo a seguir.

El alcalde defendió que fuera independiente la Junta del ayuntamiento en la toma de decisiones, en la gestión de los proyectos y en la administración de sus bienes. Esta sería una garantía de supervivencia en el futuro. De esta forma Mario de Arana consiguió una política clara en materia de vivienda protegida al crear una empresa pública con criterios empresariales que intervenía en el panorama urbanístico dominado por la iniciativa privada. Además al ser viviendas en alquiler fue una decisión pragmática, así como la decisión de incluir empleados y el aumento de máximo de ingresos aumentaría el segmento de beneficiarios a grupos sociales con mayor capacidad adquisitiva y una demanda de un volumen equivalente a la de la población obrera.

Mario de Arana había conseguido para el mes de Agosto de 1918, en poco menos de medio año definir una política concreta con una financiación que la hacía viable y gestionada por un modelo de empresa pública mucho más operativa que los de la iniciativa privada o que los propuestos desde la ley de Casas Baratas.